Desde el Consejo General vamos a continuar reuniéndonos con quien haga falta y seguiremos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero, con o sin el apoyo del resto del sector afectado, para que esta Ley no nos lleve a la ruina.

Estamos a punto de terminar este año 2020 que, además de ser un año muy complicado para todos por la irrupción del coronavirus, ha sido especialmente difícil para nuestro colectivo por diversas razones.

Una de ellas es el Brexit, para el cual ya nos estamos preparando y, tanto desde el Consejo General como desde el COACAB, hemos trabajado para que los agentes de aduanas y representantes aduaneros tengan a su alcance toda la información posible, aunque ello no pueda evitar que las fronteras entre la Unión Europea y el Reino Unido se colapsen, como ya está empezando a suceder.

Pero, sin duda alguna, el problema más grave que tenemos en estos momentos sobre la mesa es el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre y que, al estar ya en trámite parlamentario, ha dejado de ser un proyecto para convertirse en una realidad.

Desde el Consejo General de Agentes de Aduanas hemos mantenido numerosas reuniones, tanto con la Agencia Tributaria y el Departamento de Aduanas como con grupos parlamentarios, para intentar que todas nuestras peticiones fueran contempladas en el texto definitivo de la Ley.

También, en numerosas ocasiones, hemos tendido la mano a las administraciones con el fin de garantizar que las medidas que se recogieran en el texto final contribuyeran a reforzar la seguridad y el control de los trámites aduaneros, pero sin afectar a la viabilidad de nuestra profesión.

Pero, como es sabido por todos, no todas las alegaciones fueron recogidas, a pesar de que los argumentos que esgrimimos fueron irrefutables.

Como representantes aduaneros, una de nuestras obligaciones es dar servicio a las empresas exportadoras e importadoras, pero ello, bajo ningún concepto, tiene que implicar que seamos responsables de pagar los tributos que ellos, por la razón que sea, dejan de pagar a la Administración.

También va a ser muy lamentable para la economía de nuestro país que nos veamos abocados a aconsejar a las empresas que las mercancías no entren por puertos o aeropuertos españoles.

Quiero recordar que en un estudio que el Consejo encargó –y pagó– ya apuntábamos que el impacto económico que va a tener la implementación de esta Ley va a ser muy negativo y que, desgraciadamente, van a cerrar empresas y van a perderse puestos de trabajo.

Y todavía es mucho más triste que la Administración, la Agencia Tributaria y los políticos que aprueban las leyes no lo entiendan y no lo vean así de claro. Cuando ocurra, ya no habrá vuelta atrás y el mal producido será irreversible.

Por todo ello, ante esta nefasta realidad, desde el Consejo General vamos a continuar reuniéndonos con quien haga falta y seguiremos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero, con o sin el apoyo del resto del sector afectado, para que esta Ley no nos lleve a la ruina.

Así las cosas, quiero reiterar que daremos aquellos pasos que sean necesarios y defenderemos nuestra profesión, la del agente de aduanas y del representante aduanero, ante quien sea necesario, incluyendo las instancias europeas, cueste lo que cueste.

Por último, y para terminar con un deseo, me gustaría resaltar que en nuestro sector deberíamos intentar cooperar un poco más y los protagonismos y las imposiciones deberían dejarse a un lado, porque el barco en el que navegamos es el mismo para todos y cualquier vía de agua, por pequeña que sea o pueda parecer, hundirá la nave.

Sólo me queda desear a todo nuestro colectivo de profesionales y al sector de la logística en general que el 2021 sea, al menos, un poco mejor que el año que dejamos atrás y que nuestros deseos se vean, en la medida posible, cumplidos para poder afrontar los retos que tenemos por delante, que no son pocos.