El comercio bilateral de mercancías entre la UE y América Latina y el Caribe aumentó un 40% entre 2018 y 2022, con un comercio bilateral total de mercancías y servicios por valor de 369.000 millones de euros en 2022.

La Comisión Europea ha anunciado en un comunicado que se ha establecido una Nueva Agenda para las Relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe. En ella se propone una asociación estratégica modernizada y más sólida, mediante un diálogo político reforzado, el estímulo del comercio y la inversión, y el fomento de sociedades más sostenibles, justas e interconectadas.

El comunicado, que se ha hecho público en vísperas de la cumbre UE-CELAC que se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio, tiene por objeto reconfigurar y renovar las relaciones entre ambas regiones y, por ello, presenta una serie de propuestas en el refuerzo de la agenda comercial común.

Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales son un motor clave de las estrategias de crecimiento y diversificación en ambas regiones, y catalizadores del desarrollo sostenible e inclusivo. Gracias a estos acuerdos, el comercio bilateral de mercancías aumentó un 40% entre 2018 y 2022, con un comercio bilateral total de mercancías y servicios por valor de 369.000 millones de euros en 2022.

En este sentido, ya hay adelantos para firmar y ratificar el acuerdo modernizado con Chile y por ultimar el acuerdo con México, sin olvidar la celebración del acuerdo con Mercosur. Una vez ratificados los acuerdos comerciales con Centroamérica y Colombia-Perú-Ecuador por todos los Estados miembros de la UE, también debería examinarse el refuerzo de las disposiciones de los acuerdos en materia de sostenibilidad.

La intensificación de la cooperación UE-ALC en la OMC y la intensificación de esfuerzos globales por diversificar las fuentes de materias primas y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro mundiales redundarán en beneficio de ambas regiones.

La UE seguirá colaborando con los socios de ALC para contribuir a crear las condiciones favorables a unas inversiones sostenibles, también mediante el examen conjunto de las repercusiones de la legislación del Pacto Verde Europeo y el apoyo a marcos jurídicos abiertos, estables y predecibles.