Foment reivindica que las infraestructuras más estratégicas de Cataluña se gestionen desde el territorio con la participación de los agentes institucionales y económicos.

Foment del Treball ha constatado que, nuevamente, el 2019 ha sido un año de exiguos resultados en cuanto a las infraestructuras en Cataluña. La patronal catalana ha actualizado su estudios anuales Por un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en Cataluña, el CAT-100, catálogo de las 100 infraestructuras básicas para Cataluña (CAT100) y Propuestas para un nuevo modelo de gestión de las equipaciones en Cataluña. Catálogo CAT-Equipaciones.

Los documentos los han presentado el vicepresidente de Foment, Joaquim Llansó, el secretario general adjunto de la patronal, Salvador Guillermo, y la presidenta de la Comisión de Infraestructuras y Equipaciones de Foment, Anna Cornadó.

El ajuste del déficit fiscal recae excesivamente sobre la inversión pública

Foment constata, un año más, que la inversión pública en Cataluña ha estado extraordinariamente baja, cosa que limita la inversión empresarial, pues la inversión pública actúa de complemento y catalizador de la privada; perjudica la competitividad de la economía catalana y la calidad de vida de sus ciudadanos; hace perder oportunidades de crear puestos de trabajo, riqueza y bienestar.

El peso de la inversión pública el 2019 respeto el PIB estuvo en España de 2,0%, el tercero más bajo después del 2016 y 2017, y uno de los más bajos de la Unión Europea (media 3,0%).

Esta disminución de la inversión pública en España en un momento de expansión económica se debe a que la reducción del déficit se ha realizado en detrimento de esta. Así, el peso de la inversión pública en el total del gasto público va pasado del 12% el 2007 a menos de la mitad, el 5%, el 2019. Esto ha ocasionado que los presupuestos de infraestructuras y equipamientos estén en mínimos históricos.

En cuanto a la ejecución de las inversiones realizadas por la Administración General del Estado en Cataluña el 2019 (presupuestos prorrogados), la inversión en Cataluña ascendió a 811,8 M€ (670,8 M€ corresponden a infraestructuras de transporte), un 7,3% más que el año anterior. Este importe representa el 7,9% del total de las obligaciones reconocidas y el 10,8% de las regionalizables (Galicia 16,6%, Madrid 14,7%, Castilla y León 11,9%, y Andalucía 9,1%).

La Administración de la Generalitat de Cataluña, por su parte, ejecutó el 2019 el 83% (76% el 2018) de las inversiones reales, 366 M€ (448 M€ el 2018),

Impacto del COVID-19 en el ámbito de las infraestructuras y las equipamientos

Las expectativas del sector de las infraestructuras en Cataluña para el 2020 eran relativamente buenas, a pesar de que todavía no había salido plenamente de la crisis que se inició el 2008 y que las previsiones indicaban un enfriamiento de la economía, pero se han visto restañadas por un hecho imprevisible como lo es una pandemia global.

De acuerdo con las previsiones de las principales entidades que realizan previsiones económicas, la inversión en construcción podría caer en España y en Cataluña en 2020 entre un 20% y un 25%, y crecería un 6-7% en 2021. La duración de la crisis y su intensidad, pero, estará condicionada por el ritmo de la reanudación de la actividad, la respuesta médica al Covid-19 y las medidas económicas que adopten las diversas administraciones.

Una de las medidas más eficaces y de rápida aplicación para reactivar la economía, una vez retomadas  todas las obras públicas paradas, es avanzar las licitaciones futuras y que el conjunto de las Administraciones Públicas, europeas, estatales, autonómicas y locales, diseñen de forma coherente los Planes de Reconstrucción (en linea con el Pacto Verd Europeu de la UE , que es su estrategia de crecimiento) a fin de que se realice un esfuerzo inversor planificado, recurrente, ordenado en el tiempo.

Si se mantiene en el tiempo esta baja inversión pública en Cataluña, la competitividad de la economía catalana y la calidad de vida de sus ciudadanos se verá perjudicada. Por eso, hace falta que las diversas administraciones aumenten la inversión en infraestructuras, que es en mínimos históricos, y que prioricen aquellos proyectos estratégicos que tengan más impacto en la productividad de la economía, en la competitividad de las empresas y en el bienestar de los ciudadanos, es decir, aquellos con más retorno económico, social y ambiental en los análisis coste-beneficio.