Un informe de una prestigiosa firma multinacional de servicios profesionales concluye que la iniciativa legislativa podría suponer el desplazamiento de la actividad aduanera a otros países de la UE.

La introducción de las modificaciones propuestas acarrearía una concentración de mercado en los operadores de mayor tamaño, con riesgo de pérdida de actividad para autónomos y pymes

Las disposiciones impactarían de manera negativa sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica

El Consejo General de Aduanas ha propuesto 10 enmiendas al Proyecto de Ley y está en contacto con todos los grupos parlamentarios para tratar en profundidad estas afectaciones. 

El endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera, contemplado en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, supondría el desplazamiento de la actividad a otros países de la UE y la concentración del sector, lo que conllevaría la pérdida de hasta 10.200 empleos en España para 2025. Estas son las principales conclusiones de un informe elaborado por la prestigiosa firma de servicios profesionales EY, en el que se estima que las disposiciones contenidas en la actual iniciativa legislativa ponen en peligro la viabilidad de la profesión de los agentes de aduanas e impactan sobre la capacidad del sector exterior de actuar como palanca de la recuperación económica en un momento especialmente crítico como el actual.

El Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal al tiempo que contempla, entre otras, medidas de lucha contra el fraude como la actualización de la lista de paraísos fiscales,  el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, la limitación de los pagos en efectivo, o la prohibición por ley las amnistías tributarias, aprovecha para modificar el impuesto sobre el Valor Añadido en su afectación a la normativa aduanera y dificultar los requerimientos para el desarrollo de dicha actividad. En relación con el régimen de responsabilidad en las operaciones aduaneras, el Proyecto de Ley prevé que los agentes y representantes aduaneros deban responder como responsables subsidiarios, sobre el IVA a la importación (y otros impuestos asociados) mediante unas garantías financieras por el plazo de 4 años desde el despacho de las mercancías. Si bien es cierto que el Proyecto de Ley elimina o clarifica alguna de las medidas que contenía el anterior Anteproyecto de Ley que fue sometido a información pública en octubre de 2018, no se han corregido otras que resultan especialmente gravosas para la actividad de los agentes de aduanas. 

Riesgo para el comercio exterior como motor de recuperación económica

El informe de EY también advierte sobre las implicaciones que el endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación aduanera tendría sobre el comercio exterior y la internacionalización de la empresa española, uno de los principales motores de la economía española, del que depende un tercio de nuestro PIB, y clave para salir de la crisis económica anterior e igualmente esencial para asegurar una pronta recuperación . Este estudio refuerza la idea de que “el régimen de responsabilidad que pretende introducirse a través del Proyecto de Ley pasaría a ser uno de los más rigurosos de la UE”. De esta manera, España saldría del grupo de países que aplican un nivel de restricción medio –y que incluye a los estados con mayor volumen de comercio exterior como Alemania, Países Bajos, Italia y Francia– y se equipararía con países poco competitivos desde el punto de vista del tráfico exterior, como son Estonia, República Checa, Letonia o Polonia.

Para Antonio Llobet, presidente del Consejo General de Agentes de Aduanas de España, “el papel del sector exterior es fundamental para la recuperación y avance de la economía española y consideramos que las medidas del Proyecto de Ley perjudican seriamente al atractivo comercial y a la competitividad de España en el marco europeo. Asimismo, la imposibilidad de ofrecer las garantías económicas exigidas en el Proyecto de Ley pondría en riesgo la continuidad de la labor de los profesionales dedicados a la gestión aduanera, lo que conllevaría el cierre de múltiples empresas locales o la deslocalización a otros países de la UE con normas más favorables. Por lo tanto, exigimos una Ley Aduanera específica, que trate en profundidad el impacto de estos cambios en la competitividad y atractivo comercial de España, porque una gestión aduanera fluida y competitiva es beneficiosa para nuestras empresas”.

Desplazamiento de actividad hacia otros estados de la Unión y concentración del mercado

El informe elaborado por EY advierte de que una vez que se establezca el llamado Despacho Centralizado Europeo, que permitirá operar desde Hamburgo o Róterdam mercancías que han llegado a Algeciras o Valencia, “parece previsible que haya operadores que centralicen sus operaciones desde sedes en Países Bajos, Bélgica o Alemania, y que con ello eludan la aplicación del régimen de responsabilidad más riguroso que pueda estar vigente en España”. Las consecuencias, asegura Llobet, “recaerán sobre el empleo en un sector que se enfrentaría a un duro ajuste debido al número de despachos aduaneros que podrían optar por operar desde otros países de la UE”.

Por otra parte, el ejercicio de una gran presión regulatoria sobre el sector aduanero podría terminar generando una concentración de mercado, como así apunta el informe. Se considera que las compañías multinacionales se beneficiarán de disponer del músculo financiero suficiente para hacer frente a la elevada onerosidad que exige el Proyecto de Ley, y dado que también ofrecen servicios de representación aduanera, coparán la logística ligada a la exportación e importación de mercancías.

Los efectos sobre el empleo vinculado a la representación aduanera en España

El desplazamiento de actividad a otros Estados de la UE y la concentración de mercado en grandes operadores, en caso de materializarse, tendrían normalmente unas consecuencias negativas sobre el empleo vinculado a la actividad de representación aduanera en España, apunta el informe. En concreto, se estima que podrían perderse entre 6.000 y 9.000 empleos como resultado del desplazamiento de la actividad y otros 700 a 1.200 empleos como resultado de la mayor concentración empresarial, lo que sumaría una estimación total de posible pérdida de ocupación para 2025 de entre 6.700 y 10.200 empleos.

Presentación de 10 enmiendas al Proyecto de Ley

El Consejo General de Agentes de Aduanas ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de 10 enmiendas al articulado del Proyecto de Ley con el fin de subsanar los desequilibrios contenidos en el texto originalmente remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales. Está en contacto con todos ellos con objeto de hacerles parte de sus inquietudes acerca de las graves afectaciones que la aprobación del texto del Proyecto de Ley sin modificaciones tendría sobre la actividad aduanera y, en consecuencia, sobre la competitividad del comercio exterior español.