Este nuevo mecanismo puede ser una nueva línea de negocio para los agentes de aduanas, pero habrá que ver qué responsabilidades e implicaciones va a conllevar para el colectivo.

El jueves 3 de marzo tuvo lugar en Madrid el Pleno del Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros en el que, además de aprobar las cuentas del 2021 y el presupuesto del 2022, se analizaron diversos problemas e inquietudes que afectan a este colectivo profesional.

Durante la sesión, Antonio Llobet, presidente del Consejo General, destacó los temas que en estos momentos afectan a los agentes de aduanas, como el Brexit y el régimen especial en Gibraltar, la puesta en marcha de una nueva tasa medioambiental para ciertas importaciones o el estado de las implementaciones informáticas en algunos países europeos para dar cumplimiento al CAU.

Por lo que respecta al Brexit, el Consejo General hace un seguimiento exhaustivo de todos los pasos y avances que Reino Unido realiza en cada etapa, así como todos aquellos problemas, confusiones y errores que todavía se siguen produciendo en las fronteras, especialmente en lo que a camiones y documentación se refiere.

Por lo que respecta a Gibraltar, Antoni Llobet señaló que las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido en relación con el estatus de Gibraltar continúan produciéndose para, por parte del ejecutivo comunitario, conseguir que siga existiendo frontera aduanera entre Gibraltar y La Línea y que, por tanto, no se eliminen los controles aduaneros y paraduaneros, dado que ello supondría una puerta de entrada sin control. Además, de producirse, se dañaría a los agentes de aduanas de la Línea de la Concepción y se produciría una pérdida de puestos de trabajo, de unos 300 en el lado europeo y unos 600 en la zona de Gibraltar.

Otro aspecto tratado en la reunión del Consejo General fue las implicaciones para el colectivo de un nuevo impuesto medioambiental que se aplicaría a las importaciones de ciertos productos. Se trata de la propuesta de Reglamento de la Unión Europea que establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) o Carbon Border Adjustment Mechanism.

Se trata de una tasa que deberá liquidarse en las declaraciones aduaneras de importación, motivo por el cual la intervención de una agente de aduanas va a ser imprescindible porque será quien deberá entregar el “certificado MAFC” a las autoridades aduaneras para poder realizar la importación de ciertas mercancías, como cemento, aluminio, hierro, acero, abonos, en una primera fase. Posteriormente, se irán añadiendo otros productos y mercancías y, todas ellas, deberán pasar obligatoriamente un control aduanero.

Este nuevo mecanismo puede ser una nueva línea de negocio para los agentes de aduanas, pero habrá que ver qué responsabilidades e implicaciones va a conllevar para el colectivo. Podrían darse dos supuestos en la manera de gestionar estor certificado; por un lado, que los agentes de aduanas se ocupen de comprarlos y gestionarlos en nombre de sus clientes o, por otro lado, que sean los operadores económicos los que adquieran los certificados y los agentes de aduanas se los gestionen, al igual que ya hacen con los aranceles o el IVA.

La intención es introducir este mecanismo en 2024 y que esté plenamente implantado en 2026 para, tras poner un precio al carbono en las importaciones, no se produzca en Europa una fuga de carbono.

Finalmente, en el Pleno también se habló de en qué situación se encuentran las implementaciones informáticas en algunos países de la Unión Europea para dar cumplimiento al Código Aduanero de la Unión (CAU); en 2025, todos los países comunitarios deben tener implantada la infraestructura informática pertinente para poder ejecutar las normativas aduaneras en todo el territorio de la UE.